“Desde que en 1813 las Cortes de Cádiz regularan por primera vez los derechos de autor, la promulgación de leyes sobre propiedad intelectual no ha dejado de cesar, bien por la toma de conciencia sobre la necesidad de establecer unos límites, derechos y obligaciones al respecto, como en todas las leyes; bien por los avances en los medios, tanto de fijación, como de reproducción o distribución.

La sociedad de la información y de la comunicación en la que actualmente vivimos parece no detenerse nunca en el desarrollo de nuevos medios o formas de expresión y divulgación; más bien al contrario.

Por ello y por los intereses económicos que como actividad industrial despierta la cultura, pues esta faceta es en la actualidad innegable, a pesar de lo que los sectores más aferrados a la utopía de lo que debiera ser se empeñen en afirmar, las diferentes fuerzas políticas en nuestro país tratan de legislar esta materia teóricamente en busca del interés común, que es para eso para lo que legislan.

Pues bien, así las cosas, el pasado viernes 14 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de Ley de Propiedad Intelectual. Aunque el texto íntegro, a día de hoy, no se ha hecho público, bien se vislumbran los cuatro caballos de batalla: el canon, la piratería, los agregadores de noticias y la unificación del sistema de pago.

Empezando por el final, dicha unificación se llevará a cabo mediante la creación de una ventanilla única para la facturación y el pago por parte de los usuarios. Con el objetivo de controlar las diferentes entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, probablemente a raíz del escándalo de la SGAE, una entidad de carácter privado de la que tendrán que participar todas las entidades será la encargada de gestionar dicha ventanilla única. Así, una peluquería de barrio y el canal televisivo con más audiencia a nivel estatal acudirán al mismo sitio a abonar lo debido.

También este proyecto permitirá a los agregadores de noticias, como Google News o Yahoo News, utilizar “fragmentos no significativos”, concepto ambiguo donde los haya, de contenidos de información, opinión y entretenimiento generados por los medios siempre que a cambio satisfagan la correspondiente compensación equitativa. Dicha compensación no se negociará directamente con los medios, sino con una entidad de gestión de derechos, como CEDRO, en el caso de los textos, o VEGAP, en el caso de las imágenes. El tema de quién se encargará posteriormente de esa recaudación para luego repartirla entre los diferentes medios en función de los distintos criterios técnicos está aún por ver, aunque todo apunta a la creación de una sociedad de gestión específica para ello. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha recibido con los brazos abiertos esta propuesta, pues ésa era su histórica reivindicación para la creación de un marco jurídico que protegiera sus intereses. Pero la misma acogida no ha tenido, como era de esperar, entre los agregadores de noticias. Lógicamente las grandes, Google News o Yahoo News, se verán menos afectadas que las no tan grandes, páginas como Menéame. Pero a día de hoy, los diarios necesitan a los grandes agregadores para que les generen tráfico. La actividad de estos supone una mayor y mejor exposición de los contenidos de aquéllos, además de un incremento notable de visitas y, por tanto, de los ingresos publicitarios generados dentro de la web del medio online. Por ese motivo, y pese a que vaya a ser un derecho irrenunciable, los diarios o medios acabarán llegando a algún tipo de acuerdo con los agregadores para que esto no deje de ser así, como ha ocurrido en otros países de Europa en los que también se ha tratado de imponer infructuosamente la “tasa Google”, como en Bélgica o Alemania. Sin embargo, las páginas como Menéame no tienen el poder de Google; no pueden decidir simplemente prescindir de los medios. A ellos les será mucho más difícil levantarse después de este estacazo. Pero es más, al respecto aún cabe preguntarse cómo afectará esto a redes sociales como Facebook o Twitter, en las que compartir noticias es actividad habitual. Lo que inicialmente parece claro, es que el usuario no se va a ver económicamente afectado, a pesar del vacío que al respecto deja el proyecto.

Se refuerza la lucha contra la piratería. Ya no sólo se perseguirán páginas con contenidos que infrinjan los derechos de autor, sino también las páginas que las enlacen, así como las empresas que se publiciten en ellas o funcionen como intermediarios de pago electrónico. El proyecto refuerza la vía civil para identificar a los infractores. Las multas, que se tramitarán por el procedimiento administrativo ordinario, oscilarán entre los 30.000 y 300.000 euros, sin que tengan que perder de vista los infractores el bloqueo técnico de la web ni mucho menos el Código Penal.

El concepto de copia privada, que se mantiene con cargo a los presupuestos generales del Estado, se reduce notablemente, haciéndose más restrictivo y quedando circunscrito a las copias para uso privado y sin fin comercial de CDs y DVDs. Así, sólo será copia legal aquella que se haga de un soporte original o de una señal de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores, y sea borrada a los pocos días.

Pero hay un canon que establece este proyecto del que pocos medios se han hecho eco: el de 5 euros que por cada alumno la nueva ley impondrá a las universidades. Ya en 2010 CEDRO había exigido a éstas el pago de un canon por los materiales que se usaban con fines educativos en los campus virtuales y, aunque esa exigencia no acabó bien parada ante los tribunales, ahora se materializa en este proyecto. Tanto universidades públicas como privadas tendrán que pagar a CEDRO 5 euros por alumno matriculado, lo que podría llegar a sumar la cifra de 8 millones de euros al año. Así, las Universidades incrementarán más el costo de sus matrículas, asumidas en parte por los ciudadanos, en parte por la Administración pública. Pero también, y lo que es peor, se producirá una apropiación privada del conocimiento, algo que debería ser de acceso abierto.

Y es que, aunque constitucionalmente se recoja el derecho a la información y a la cultura, entre otros, éstos no dejan de ser monedas de cambio. Los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante todo tipo de tecnología y plataformas confrontan los intereses de las diferentes partes. Aún por ver las virtudes del texto final de la ley, se augura la polémica en torno a ésta. Y es que aunque para sectores como AEDE sea el mayor paso en la protección de derechos que hasta hoy se ha llevado a cabo en nuestro país, para otros, como Ricardo Galli, socio fundador de Menéame, con este proyecto “La ‘doctrina cultural’ triunfante es la mercantilista.

Elisa Gutiérrez”.